París, 14 feb (PL) El polémico proyecto impulsado por el gobierno francés para intentar reactivar la economía entró hoy en el vigésimo día de un debate parlamentario, acompañado por las protestas de diferentes sectores de la sociedad.
Desde que el pasado 26 de enero ese proyecto pasó al recinto legislativo, diferentes sectores se han alzado para denunciar sus consecuencias negativas.
Diputados, sindicalistas, intelectuales y líderes de organizaciones sociales, firmaron un llamamiento para que la denominada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía (Emmanuel Macron), no sea votada, sino retirada.
Hasta el momento, se presentaron cerca de tres mil enmiendas a un proyecto que será votado el 17 de febrero, una semana después de lo previsto inicialmente.
Entre los aspectos más controvertidos de la iniciativa figura la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
Marie-Noelle Lienemann, senadora por el gubernamental Partido Socialista, opina que la misma significa una nueva etapa de liberalismo y exhortó a sus copartidarios a votar contra ella.
El texto también prevé la introducción de la competencia del capital privado en sectores sensibles hasta ahora en manos del Estado, como el transporte de pasajeros.
La norma permitiría la creación de empresas de autobuses para conectar a varias ciudades por carretera y los aeropuertos de Lyon y Niza podrían pasar total o parcialmente a manos de inversionistas particulares.
Esta medida también abarca a varias profesiones reglamentadas por el gobierno, entre ellas los notarios y los administradores judiciales.
Sindicatos de trabajadores opinan que sólo aumentaría la precarización del empleo en beneficio de las empresas. El proyecto significa más libertad para la patronal y menos derechos para los trabajadores., afirman.
También argumentan que no generará puestos ni aportará respuesta alguna al aumento de la desocupación, a la disminución del poder adquisitivo o al crecimiento de las desigualdades, sino que agravará la crisis.
En últimos días de debate polémico proyecto del gobierno francés
